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Fiscalización al comercio ambulante ha dejado 23 compradores multados
De enero a la fecha se ha registrado un aumento de un 297% en las multas al comercio ilegal.
Desde el año 2022 que la Municipalidad de Providencia, a través de su Dirección de Fiscalización y Seguridad Providencia, en conjunto con Carabineros de Chile y otras instituciones públicas, implementó un plan de recuperación de espacios públicos, el que se ha venido desarrollando sin interrupciones en distintos puntos de la comuna.
En este contexto, hoy jueves a contar de las 6:30 horas de hoy, equipos de Fiscalización, Seguridad Providencia y la Seremi de Salud iniciaron una intervención en el comercio ilegal, con el propósito de detectar y controlar a los distribuidores de productos que se venden en la calle.
Un segundo foco abordado, fueron los paños que se instalan en el eje Providencia-Nueva Providencia, así como otras arterias de la comuna, como es el caso de Salvador. En este sentido, se busca establecer la procedencia y origen de los productos que se venden en la calle, con el propósito de evitar que estos sean de origen ilícito.
La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló que “a la fecha, en conjunto con Carabineros hemos cursado más de 700 multas a comerciantes ambulantes e infraccionado a 23 personas que compraron en el comercio ilegal, exponiéndose a multas de hasta 5 UTM. Esta labor que venimos realizando desde el año pasado, ha permitido bajar los índices de determinados delitos en los sectores intervenidos, entregando una mayor sensación de seguridad a nuestros vecinos y a quienes visitan la comuna”.
La jefa comunal también destacó que se está trabajando en perseguir a quienes distribuyen mercancía entre los comerciantes ambulantes, es decir sus proveedores. Especialmente, entre quienes distribuyen alimentos a primera hora de la mañana, ya que la comercialización de estos se hace sin ninguna medida sanitaria de por medio, poniendo en riesgo la salud de la población.
Cabe destacar, que este tipo de intervenciones han sido muy bien recibidas por los vecinos y también por los locatarios, que se ven afectados directamente por este comercio ilícito.
